Paraguay puede replicar políticas públicas para consolidar industria gaming

Mientras Buenos Aires y Brasilia consolidaron marcos normativos que transformaron el desarrollo de videojuegos en industrias de exportación con miles de empleos y cientos de millones de dólares de facturación, Asunción aún no tiene una ley específica. El INAP, creado en 2018 para el audiovisual, podría ser la vía más rápida para empezar a cerrar la brecha, pero el tiempo estimado para igualar a los vecinos no baja de una década incluso en el escenario más optimista.

La industria de videojuegos en América Latina crece a tasas de dos dígitos. Brasil, con más de mil estudios y 13.225 empleos en 2022, factura 251,6 millones de dólares anuales en desarrollo, de los cuales entre el 50% y el 65% proviene de exportaciones. Argentina, con 120 estudios y 1.686 profesionales, alcanzó los 780 millones de dólares en 2024, con el 77% de su producción destinada al mercado externo. Paraguay no tiene cifras oficiales consolidadas.

La diferencia no es solo de escala. Es estructural. Argentina acumula leyes de fomento desde 2005, complementadas con programas de subsidios directos desde 2021 y reducciones impositivas en 2025. Brasil sancionó en 2024 su Marco Legal dos Games, que incorpora a los videojuegos en las leyes de incentivo cultural y audiovisual, después de años de reducciones al impuesto a los productos industrializados (IPI) que abarataron consolas y accesorios.

Paraguay, en cambio, aún debate si los videojuegos entran en la definición de “obra audiovisual” de la Ley 6106/2018. El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), creado por esa norma, recién comenzó a dialogar con IGDA Paraguay en 2024. No hay fondos concursables exclusivos, ni beneficios fiscales específicos, ni programas de formación orientados al sector. La industria local sobrevive por la resiliencia de unos pocos estudios, no por el respaldo del Estado.

Por todo lo expuesto anteriormente, les invitamos a analizar en conjunto, en este artículo, las legislaciones de Argentina y Brasil, comparando sus tiempos de consolidación y realizar una suerte de proyección sobre la base de las herramientas existentes en Paraguay (en particular la Ley 6106/2018), como también cuántos años podrían ser necesarios para que nuestro país alcance los niveles de nuestros vecinos.

Argentina: de la advertencia en la caja al programa Potenciar

El primer hito normativo argentino data de 2005. La Ley 26.043, sancionada el 1 de junio y promulgada el 15 de julio de ese año, no ofrecía beneficios fiscales. Obligaba a fabricantes e importadores a rotular los envases de videojuegos con una advertencia sanitaria y la clasificación por edades. Era una ley de consumo, no de fomento. Pero sentó un precedente: el Congreso ya reconocía al videojuego como un producto sujeto a regulación específica.

El salto cualitativo llegó en 2019 con la Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, sancionada el 22 de mayo y promulgada el 10 de junio. Por primera vez, los videojuegos fueron incluidos explícitamente como actividad promovida, junto al software y los servicios informáticos. Los beneficios eran significativos: exención parcial del impuesto a las ganancias y del IVA por diez años, reducción de cargas patronales y estabilidad fiscal. A cambio, las empresas debían inscribirse en un registro especial, reglamentado por la Ley 27.570 en 2020.

El paso siguiente fue la creación de instrumentos de subsidio directo. La Resolución 309/2021 de la Secretaría de Economía del Conocimiento creó el “Programa Potenciar Economía del Conocimiento”, que habilitó líneas de Aportes No Reembolsables (ANR) para empresas de software, incluyendo videojuegos. En 2022, dos disposiciones específicas (la 193/2022 y su prórroga 248/2022) lanzaron la convocatoria “Potenciar Industria del Videojuego”, con una primera edición que distribuyó subsidios para proyectos de desarrollo. Una segunda convocatoria, abierta por la Resolución 203/2022 de noviembre de ese año, destinó hasta 250 millones de pesos argentinos (unos 2,5 millones de dólares de entonces) a iniciativas innovadoras.

En 2025, el gobierno argentino sumó dos medidas más: el Decreto 333/2025, que redujo del 35% al 20% el derecho de importación extrazona para consolas de juego, y la Resolución General ARCA 5677/2025, que eliminó la percepción adicional del 30% que gravaba las compras de videojuegos digitales en el exterior con tarjeta. Ambas medidas, aunque orientadas al consumo, abarataron el acceso al hardware y al software, lo que indirectamente beneficia a los desarrolladores locales al ampliar el mercado potencial.

El resultado de casi dos décadas de políticas (intermitentes, pero acumulativas) es una industria que, según datos de 2023, emplea a 1.686 profesionales, factura 780 millones de dólares (2024) y exporta el 77% de su producción. La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA) organiza anualmente la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA), y los estudios locales participan regularmente en ferias internacionales como la Game Developers Conference (GDC) y Gamescom.

Brasil: del IPI reducido al Marco Legal dos Games

El camino brasileño fue diferente. Durante los gobiernos de Jair Bolsonaro (2019-2022), la estrategia se centró en la reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para consolas y accesorios. Un primer decreto en 2019 redujo el IPI de consolas del 30% al 20%; un segundo, en 2020, profundizó los recortes. El Decreto 10.765/2021, del 11 de agosto, consolidó las bajadas: IPI de consolas al 20% (desde el 30%), accesorios del 22% al 12% y juegos portátiles del 6% al 0%. Estas medidas, aunque focalizadas en el consumo, incentivaron la compra de hardware y ampliaron la base de jugadores.

El gran hito normativo llegó en 2024. La Ley 14.852, sancionada el 3 de mayo y publicada en el Diario Oficial de la Unión el 6 de mayo, es el “Marco Legal dos Games”. Por primera vez, Brasil definió legalmente los videojuegos como “obras audiovisuales interactivas” y los excluyó explícitamente de las normas de juegos de azar. La ley permite a los desarrolladores acceder a los mecanismos de incentivo cultural ya existentes: la Lei Rouanet (Ley 8.313/1991) y la Lei do Audiovisual (Ley 8.685/1993). En la práctica, las empresas pueden deducir del impuesto a la renta los patrocinios a proyectos de videojuegos aprobados, y los fondos de fomento audiovisual pueden destinarse a la producción de juegos.

La ley también modificó la Ley de Propiedad Industrial (Ley 9.279/96) para permitir el registro de videojuegos como obras protegidas, y creó bases para que el Estado desarrolle políticas de apoyo a la producción, distribución y formación de profesionales. No se trata de subsidios directos masivos, sino de un marco que desbloquea líneas de financiamiento ya existentes.

El impacto de estas políticas se refleja en los números. Brasil pasó de 133 estudios en 2014 a 1.042 en 2022. El empleo sectorial creció a 13.225 profesionales. Los ingresos de la industria de desarrollo alcanzaron los 251,6 millones de dólares en 2022, y entre el 50% y el 65% de los estudios obtienen la mayoría de sus ingresos del exterior. En 2023, una delegación brasileña fue honrada en Gamescom, y el BIG Festival (Brazil Independent Games) se consolidó como uno de los principales eventos del género en América Latina.

Paraguay: una industria sin ley, un INAP con herramientas

En Paraguay, el escenario es radicalmente distinto. No existe una ley de fomento al desarrollo de videojuegos. Tampoco hay programas de subsidios específicos, líneas de crédito blandas o beneficios fiscales sectoriales. La Ley de Economía Naranja, sancionada en 2019, no fue reglamentada para el sector de los juegos electrónicos. El apoyo estatal se limita a instrumentos generales (como la Ley de Mecenazgo) que, ocasionalmente, han financiado proyectos puntuales.

La única norma que podría servir de base es la Ley 6106/2018, del 5 de julio de 2018, que creó el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). La ley, reglamentada por el Decreto 2600/2019 del 21 de octubre de 2019, define en su artículo 2 a la “obra audiovisual” como “todo producto que constituya la expresión de un proceso creativo y productivo de imágenes en movimiento […] destinado para exhibición, explotación comercial o comunicación por cualquier medio”. La definición no menciona la interactividad, pero técnicamente un videojuego con contenido animado podría encajar.

El INAP, que comenzó a funcionar con resoluciones internas a partir del 2021, administra el Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo (FONAP). El artículo 12 de la ley establece que el FONAP puede otorgar subvenciones a la producción de “animación, videos y multimedia, así como a proyectos orientados al desarrollo de nuevos lenguajes, formatos y géneros audiovisuales”. Un videojuego con componente narrativo y animación podría ser considerado “multimedia” o “nuevo formato”. El artículo 5, inciso m, faculta al INAP a “otorgar certificados que reconozcan a las obras, empresas e instituciones audiovisuales nacionales”, lo que abriría la puerta a un registro oficial de estudios de videojuegos.

Hasta 2024, sin embargo, el INAP no había trabajado con el sector. Recién en mayo de 2024 se reunió con IGDA Paraguay. Sin embargo, ahí quedamos. No hay aún convocatorias específicas para videojuegos, ni líneas de financiamiento dedicadas. Aunque es cierto que el INAP brindó apoyo para la realización de la edición 2026 de la Global Game Jam, es un paso inicial entre todos los pasos iniciales que deben de darse.

En cuanto a indicadores, Paraguay no publica cifras oficiales de estudios, empleo o facturación. Los datos disponibles son estimaciones de la comunidad o elaboradas por nuestro sitio web: alrededor de una decena de estudios activos, unos 220 miembros en IGDA Paraguay, y una facturación total de aproximadamente 3 millones de dólares anuales, con exportaciones concentradas en unos pocos títulos. El país participó en eventos internacionales como el Latin American Games Showcase y ferias en Tokio, pero sin una política de Estado que respalde esas participaciones.

Comparación de tiempos de consolidación

Argentina tardó 16 años entre la primera ley de videojuegos (2005, aunque fuese de rotulado) y el lanzamiento de los primeros programas de subsidios directos en 2021. La Ley de Economía del Conocimiento (2019) marcó el punto de inflexión. En apenas tres años (2021-2022), los estudios crecieron de 80 a más de 120 y el empleo aumentó un 25%. La consolidación industrial, medida en términos de exportaciones y presencia internacional, se alcanzó aproximadamente 20 años después de la primera norma.

Brasil fue más rápido en legislación de fomento, pero más tardío en marco integral. Las reducciones de IPI comenzaron en 2019, y la Ley 14.852 llegó en 2024. Sin embargo, la industria ya había crecido por sí sola: de 133 estudios en 2014 a 1.042 en 2022, un aumento del 684% en ocho años. El marco legal llegó después de que el sector ya fuera masivo. Desde las primeras reducciones impositivas (2019) hasta la sanción de la ley marco (2024) pasaron cinco años, pero la industria llevaba más de una década en expansión orgánica.

Paraguay parte de una base mucho más pequeña. No hay ley de fomento, ni subsidios, ni incentivos fiscales. El único instrumento disponible, la Ley 6106/2018 y el INAP, fue concebido para el cine y la animación, no para los videojuegos. La interpretación extensiva de los artículos 2, 5 y 12 permitiría incluir juegos, pero requiere voluntad política y reglamentación específica.

Para proyectar el tiempo que le tomaría a Paraguay alcanzar los niveles de Argentina o Brasil, se proponen tres escenarios, basados en la hipótesis de que el país aproveche la Ley 6106/2018 como plataforma de despegue.

Escenario optimista: Paraguay sanciona en 2027 una ley específica de videojuegos o, al menos, una reglamentación del INAP que incluya explícitamente a los juegos como proyectos elegibles para el FONAP. Se crean líneas de subsidio directo, incentivos fiscales (imitando el cash rebate argentino o el marco legal brasileño) y se lanzan programas de formación técnica. Con una tasa de crecimiento anual de estudios del 20% (similar al pico argentino post 2019), Paraguay podría alcanzar la escala de Argentina (120 estudios) en aproximadamente 12 años (hacia 2039) y la de Brasil (1.000 estudios) en unos 20 años (hacia 2047). Supuestos: estabilidad macroeconómica, inversión extranjera, cooperación público-privada intensiva.

Escenario intermedio: Se implementan medidas parciales: créditos blandos, alguna reducción impositiva, pero sin ley marco. El crecimiento sería más lento (10% anual). Argentina tardó 16 años desde la primera ley hasta los primeros subsidios; Paraguay, sin una ley de fomento, podría demorar 20 años en alcanzar la escala actual argentina (hacia 2046) y más de 30 años para acercarse a Brasil. Supuestos: impulso privado débil, escaso apoyo estatal.

Escenario pesimista: No hay cambios normativos. La industria sigue dependiendo del esfuerzo individual. El crecimiento se mantiene en un 5% anual. En ese caso, Paraguay nunca alcanzaría a sus vecinos en un horizonte razonable. La brecha se ampliaría a medida que Argentina y Brasil sigan legislando y atrayendo inversión.

Propuestas concretas para el INAP

Sin esperar una ley nueva, el INAP puede tomar seis medidas operativas basadas en la Ley 6106/2018:

1. Línea de subsidios FONAP específica para videojuegos: Incluir en las bases de los concursos públicos una categoría “multimedia interactiva” que abarque juegos. Asignar un porcentaje del presupuesto anual del FONAP (por ejemplo, 10%) a proyectos de desarrollo de videojuegos, con evaluadores especializados del sector.
2. Certificación de empresas de videojuegos: Crear, mediante resolución interna, un “Registro de Desarrolladores de Videojuegos” bajo el artículo 5, inciso m. Los estudios certificados podrían acceder a beneficios fiscales previa coordinación con el Ministerio de Economía.
3. Incentivos fiscales tipo cash rebate: Proponer al Poder Ejecutivo un mecanismo de devolución parcial del IVA o del impuesto a la renta para inversiones en desarrollo de juegos paraguayos.
4. Becas y capacitación técnica: Usar los recursos del artículo 12, incisos f y l (formación profesional e investigación) para financiar cursos de desarrollo de videojuegos, pasantías internacionales y diplomados en game design, en coordinación con universidades.
5. Promoción de exportaciones: Firmar convenios internacionales (artículo 5, inciso h) para que estudios paraguayos participen en ferias como Gamescom Latam, BIG Festival y GDC, con stands financiados por el INAP.
6. Apoyo a festivales nacionales: Declarar eventos como la Global Game Jam, de interés cultural (artículo 12, inciso h) y otorgar subsidios para su organización, ampliando la visibilidad del sector.

El diagrama de flujo de implementación sería: idea del proyecto → presentación al INAP → registro como empresa audiovisual → postulación a concurso FONAP → evaluación por jurado mixto (funcionarios + especialistas del sector) → otorgamiento de subsidio o incentivo → desarrollo del juego → capacitación y acompañamiento → promoción internacional.

Conclusión: una década para empezar a competir

Argentina construyó su industria en veinte años, Brasil en quince si se cuenta desde las primeras reducciones de IPI (2019) o en treinta si se considera el crecimiento orgánico desde 1990. Paraguay parte de cero en términos de políticas públicas. El INAP es la herramienta más inmediata, pero requiere una interpretación amplia de la Ley 6106/2018 y, sobre todo, voluntad política para aplicar los recursos del FONAP a los videojuegos.

En el escenario optimista (reglamentación en 2027, crecimiento del 20% anual), Paraguay necesitaría al menos diez años para alcanzar la escala de Argentina (en número de estudios y empleo) y quince para acercarse a Brasil. En el intermedio, los plazos se extienden a veinte y treinta años. En el pesimista, la brecha jamás se cerrará.

La pregunta no es si Paraguay tiene talento. Lo tiene, y los casos de Waraní Studios, Posibillian Tech y otros lo demuestran. La pregunta es si el Estado está dispuesto a acompañar ese talento con instrumentos legales, fiscales y financieros. El INAP puede ser el primer paso. La Ley de Economía Naranja podría ser el segundo. Pero sin una decisión política explícita, Paraguay seguirá siendo, por muchos años, un punto invisible en el mapa del gaming sudamericano.