La decisión de Sony de cesar la producción de juegos en formato físico para PlayStation a partir de enero de 2028 ha generado una reacción en México, donde dos legisladores de Movimiento Ciudadano han anunciado la presentación de una denuncia formal ante la Comisión Nacional Antimonopolio (Cofece). La diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas argumentan que la migración forzada a un modelo de distribución 100% digital podría configurar prácticas monopólicas que restringirían la libre competencia en el mercado mexicano.
Los argumentos de la denuncia: concentración del mercado y fin de la competencia
Los legisladores sostienen que al eliminar los discos físicos, la PlayStation Store se convertiría en el único canal para adquirir títulos nuevos para PS5, eliminando la posibilidad de que los consumidores comparen precios entre diferentes establecimientos. “Si desaparecen los discos, quien tenga un PlayStation ya no podrá decidir dónde comprar sus juegos y tendrá que hacerlo únicamente en la tienda de Sony”, afirmó la diputada Reyes, conocida como la “diputada gamer” por su oposición al impuesto del 8% a los videojuegos que intentó imponer el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2025.
La denuncia también advierte sobre el impacto en el comercio minorista. Tiendas especializadas y cadenas como GamePlanet, Liverpool y Sanborns quedarían fuera de la venta de estrenos de PlayStation. El senador Colosio expresó su preocupación por la desaparición del mercado de reventa e intercambio de juegos usados, “que es enorme”, así como por las pocas garantías en materia de propiedad digital. Bajo el esquema digital, los usuarios no poseen realmente el juego, sino una licencia de uso sujeta a las condiciones de la empresa. Como antecedentes, recordaron cuando Sony retiró contenido digital a usuarios europeos en 2022 o la eliminación de más de 500 películas de su catálogo digital sin ofrecer reembolsos.
Brecha digital y dependencia de los desarrolladores
La denuncia también resalta que la medida perjudicará a jugadores de regiones del país que aún enfrentan problemas de conectividad o acceso limitado a internet de alta velocidad. Asimismo, los legisladores señalaron que los estudios desarrolladores sufrirán una dependencia total de la infraestructura de PlayStation, quedando amarrados a las comisiones y reglas de una empresa que controlaría simultáneamente el hardware, la distribución y la fijación de precios.
Iraís Reyes y Luis Donaldo Colosio adelantaron que buscarán el respaldo de la comunidad de jugadores, creadores de contenido y organizaciones del sector para robustecer la denuncia. Queda ahora en manos de la Comisión Nacional Antimonopolio determinar si existen los elementos para iniciar una investigación.
Fuente: Pirat_Nation / Level Up, 13 de julio de 2026
