La demanda contra Sony se centra en el incremento del precio de la PlayStation 5 y sus accesorios durante el período en que estuvieron vigentes los aranceles a productos electrónicos importados de China. Los demandantes alegan que Sony utilizó los aranceles como justificación para elevar los precios, pero que una vez que esos aranceles fueron derogados, la compañía no procedió a reducir los precios a sus niveles anteriores. La situación, según el texto de la demanda, constituiría una violación de las leyes de protección al consumidor de California y de otros estados.
La demandada colectiva contra Nintendo, presentada en abril, sigue un argumento similar. Los demandantes adquirieron consolas Switch y juegos editados por la compañía durante el mismo período y sostienen que pagaron un sobreprecio directamente vinculado a los aranceles. Lo que agrava la situación es la posibilidad de que ambas compañías reciban reembolsos oficiales del gobierno estadounidense por los aranceles que efectivamente pagaron. De ser así, se encontrarían en una posición donde ya cobraron el sobreprecio a los consumidores y además recibirían una compensación del Estado por el mismo concepto. Los demandantes afirman que las compañías “se enriquecerán injustamente” si retienen ambas sumas.
Ambas demandas fueron presentadas por estudios de abogados especializados en litigios colectivos contra empresas tecnológicas, y representan a todos los consumidores estadounidenses que compraron productos de Sony o Nintendo durante el período afectado. Los demandantes no reclaman una cifra específica, sino que piden a los tribunales que determinen la compensación adecuada por cada producto vendido. Si los tribunales fallan a favor de los consumidores, las compañías podrían verse obligadas a devolver la diferencia entre el precio pagado durante el período arancelario y el precio base anterior a los aranceles.
Sony y Nintendo presentaron sus defensas en las semanas posteriores a las demandas. Ambas compañías argumentaron que los precios de sus productos están determinados por múltiples factores, incluyendo los costos de producción, la inflación y las fluctuaciones monetarias, y que los aranceles fueron solo uno de esos factores. En el caso de Nintendo, la compañía declaró ante el tribunal que la demanda “malinterpreta la relación entre los aranceles y los precios al consumidor” y que no existe obligación legal de reducir los precios una vez que los aranceles son derogados. Los especialistas legales consultados señalaron que el caso es inusual porque no existe jurisprudencia clara sobre si las empresas tienen la obligación de trasladar a los consumidores las reducciones de costos derivadas de la anulación de impuestos. Se espera que las audiencias preliminares tengan lugar en los próximos meses, y que el caso pueda extenderse durante todo 2027 si alguna de las partes apela la decisión de primera instancia.
*Fuente: DiarioBitcoin, 19 de mayo de 2026*
