La Comisión Europea presentó este miércoles su propuesta de Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), una normativa que, aunque abarca todo el comercio digital, incluye por primera vez disposiciones específicas para los videojuegos. El texto, que aún debe negociarse con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, establece restricciones severas a las cajas de botín, las monedas virtuales y las mecánicas de pago para avanzar cuando el jugador es menor de edad.
Qué prohíbe y qué obliga el texto para los videojuegos
La propuesta prohíbe ofrecer cajas de botín de pago (también llamadas “sistemas de recompensa variable”) a cualquier persona menor de 18 años. Además, los juegos no podrán vender a menores ventajas competitivas ni aceleradores de progreso mediante dinero real, prácticas conocidas como pay-to-win y pay-to-progress.

En el caso de las monedas virtuales, la ley exige que su valor se muestre claramente en euros para que el jugador sepa cuánto gasta realmente al comprar objetos con divisas ficticias. Para los menores, estas compras estarían desactivadas por defecto y solo podrían activarse con la autorización de padres o tutores.
Para los jugadores adultos, las cajas de botín no desaparecen, pero los juegos deberán ofrecer transparencia sobre las probabilidades de obtener cada recompensa y permitir desactivar por completo las compras de cajas de botín.
El alcance de las multas y el calendario de aplicación
El incumplimiento de estas normas podría acarrear sanciones de hasta el 6 % de la facturación anual mundial de la empresa, o hasta 2 millones de euros cuando no se disponga de ese dato de facturación. La ley no se aplicará de inmediato: se espera que, tras el proceso de debate y enmiendas, entre en vigor en algún momento entre 2028 y 2029.
La reacción de la industria: “game over” para Europa
Las patronales del sector han recibido la propuesta con una oposición frontal. La European Games Developer Federation (EGDF) y Video Games Europe —que agrupa a compañías como Sony y Epic Games— emitieron un comunicado conjunto en el que califican la ley de “inviable, injustificada y desproporcionada”. Según su lectura, la definición de pay-to-win es “fundamentalmente defectuosa” porque, tal como está redactada, “podría abarcar casi cualquier compra dentro de un juego”, lo que generaría una inseguridad jurídica insostenible para los desarrolladores.
Las asociaciones sostienen que la industria ya cuenta con mecanismos de autorregulación eficaces, como el sistema de clasificación por edades PEGI —que ahora también califica las compras dentro del juego— y los controles parentales de las consolas y plataformas. “La ley traslada todas las decisiones de los padres y los niños a la Comisión”, criticaron. La patronal advirtió además que la sobrerregulación dejará a los estudios europeos, en su mayoría pequeños, “compitiendo con una mano atada a la espalda” frente a rivales de fuera de la UE.
Un contexto de presión regulatoria más amplio
La Ley de Equidad Digital forma parte de un paquete más amplio de medidas de la Comisión para combatir los “patrones oscuros” (diseños que manipulan al consumidor) y las prácticas que fomentan el gasto compulsivo en servicios digitales. Entre otras disposiciones, obliga a mostrar el precio total desde el principio, facilita la cancelación de suscripciones y exige a los influencers identificar la publicidad. El comisario de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, defendió el enfoque: “Queremos que la industria europea de los videojuegos siga prosperando, pero la competencia debe basarse en la creatividad, la innovación y la calidad, no en prácticas que explotan a los consumidores”.
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La propuesta llega después de que la Comisión rechazara en junio legislar de forma vinculante la iniciativa ciudadana “Stop Killing Games”, que pedía garantizar la jugabilidad de los juegos adquiridos una vez cesara su soporte comercial, dejando esa cuestión a un código de conducta voluntario de la industria. El debate sobre la Ley de Equidad Digital comienza ahora su tramitación formal, con la vista puesta en un texto final que, de aprobarse, tendrá efectos más allá de las fronteras europeas: las grandes compañías difícilmente mantendrán dos sistemas de monetización distintos para el mercado comunitario y el resto del mundo.
Fuente: Eurogamer (11 de noviembre de 2026); Comisión Europea; Politico (11 de noviembre de 2026); EFE (11 de noviembre de 2026); Vandal (11 de noviembre de 2026); PocketGamer.biz (11 de noviembre de 2026).
