Nintendo demanda a EE.UU. por aranceles de Trump
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Highlights
Nintendo contra el gobierno de EE.UU.
La compañía japonesa presentó una demanda ante la Corte de Comercio Internacional el 6 de marzo buscando el reembolso de aranceles pagados durante la era Trump, más intereses.
No está sola en la pelea
FedEx, Costco y más de mil empresas globales ya iniciaron acciones legales similares tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales la mayoría de esas tarifas.
Lo que está en juego
Más allá del dinero, el caso sienta precedente sobre los límites del poder gubernamental en política arancelaria y la capacidad de las empresas para defenderse cuando esa política afecta sus operaciones.
Nintendo presentó una demanda ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos buscando recuperar los aranceles pagados durante la administración Trump, con intereses. Y no está sola. FedEx, Costco y más de mil empresas globales ya iniciaron acciones similares tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales la mayoría de esas tarifas.
Lo que está en juego no es solo el dinero. Es el precedente de hasta dónde puede llegar un gobierno en su política arancelaria, y cómo las empresas pueden defenderse cuando esa política termina afectando sus operaciones.
El origen: aranceles que llegaron al 145%
Para entender la demanda hay que volver a 2025. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos implementó una serie de aranceles a productos provenientes de múltiples países, incluyendo China y México, dos socios comerciales clave para Nintendo.
La escalada fue rápida y severa. En abril de 2025, la tasa arancelaria contra China alcanzó el 145%. Eso significaba que productos fabricados allí —como los componentes de las consolas y sus accesorios— entraban a Estados Unidos con un impuesto que más que duplicaba su valor de origen. El costo, inevitablemente, se trasladó a los consumidores.
Nintendo, como otras empresas, se vio en una encrucijada. Por un lado, absorber los costos era inviable. Por otro, trasladarlos directamente al precio final podía enfriar la demanda en uno de sus mercados más importantes. La solución fue intermedia: la consola Switch 2 mantuvo su precio de lanzamiento de 449 dólares, pero los accesorios y controles sufrieron aumentos. El consumidor final terminó pagando la factura de una guerra comercial que no había iniciado.
El argumento legal: la IEEPA y el fallo de la Corte Suprema
La administración Trump justificó los aranceles apelando a la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, una ley que otorga al presidente poderes especiales para regular el comercio en situaciones de emergencia nacional. El argumento era que la balanza comercial deficitaria constituía una emergencia de ese tipo.
Pero la Corte Suprema no lo vio así. El 20 de febrero de 2026, por 6 votos contra 3, el máximo tribunal declaró que la administración había excedido sus facultades. Los aranceles impuestos bajo ese argumento eran, en esencia, ilegales.
Ese fallo abrió la puerta a lo que vino después. Si los aranceles no debieron aplicarse, las empresas que los pagaron tienen derecho a recuperar ese dinero. La demanda de Nintendo se inscribe en ese marco legal: la compañía argumenta que sufrió un daño directo por los aranceles pagados desde febrero de 2025, y que cualquier negativa a devolverle ese dinero constituiría un daño “inminente e irreparable” a sus finanzas.
El monto exacto que reclama no fue revelado en la demanda, pero el contexto da pistas. Solo en aranceles globales, la administración Trump recaudó más de 200 mil millones de dólares. Nintendo, como uno de los actores más grandes de la industria de videojuegos, seguramente aportó una fracción significativa de esa cifra.
Los demandados y la estrategia
La demanda nombra como principales acusados a varios miembros del gabinete de Trump: los secretarios Scott Bessent, Kristi Noem, Rodney Scott, Jameison Greer y Howard Lutnick. La elección no es casual: al incluir a funcionarios específicos, Nintendo busca asegurarse de que la responsabilidad recaiga en quienes ejecutaron las políticas, no solo en una entidad abstracta como “el gobierno”.
El pedido es claro: que se ordene el reembolso de todos los aranceles pagados, más los intereses correspondientes. Nintendo no está pidiendo una compensación adicional ni daños punitivos. Quiere lo que le corresponde por derecho después del fallo de la Corte Suprema.
La mención de “intereses” es clave. No se trata solo de recuperar el monto nominal, sino de compensar el tiempo que ese dinero estuvo en manos del gobierno sin justificación legal. En términos financieros, es lo mismo que pedir que se restituya el valor actual del dinero, no el de cuando fue pagado.
El contexto de las mil empresas
Nintendo no es la única ni la primera en esta batalla. Según un informe de Associated Press del 24 de febrero, más de mil compañías globales ya habían presentado demandas similares. FedEx y Costco son solo los nombres más reconocibles de una larga lista que incluye fabricantes, retailers y distribuidores de todos los sectores.
Lo que todas tienen en común es que pagaron aranceles bajo un régimen que después fue declarado ilegal. Y lo que todas buscan es que el gobierno les devuelva ese dinero.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ya anunció que tendrá un sistema de reembolsos operativo en los próximos 45 días. Eso sugiere que el gobierno está preparándose para una oleada de reclamos, y que quiere tener una estructura administrativa lista para procesarlos.
Lo que no está claro es cómo se priorizarán los casos, ni si habrá recursos del gobierno para apelar cada reclamo individual. La cantidad de empresas involucradas y los montos en juego garantizan que esto no se resolverá rápido.
Lo que significa para Nintendo y para la industria
Para Nintendo, esta demanda no es solo una cuestión financiera. También es una declaración de principios: la compañía está dispuesta a enfrentarse al gobierno de su principal mercado cuando considera que sus derechos han sido vulnerados.
El precedente es importante. Si Nintendo logra el reembolso, otras empresas del sector —Sony, Microsoft, y todos los fabricantes de hardware y accesorios— probablemente sigan el mismo camino. La industria de los videojuegos, que durante años evitó involucrarse en disputas políticas, está descubriendo que a veces no queda otra opción.
También hay un mensaje para los consumidores: parte del dinero que pagaron de más en accesorios podría eventualmente ser recuperado por las empresas. Eso no significa que los precios vayan a bajar automáticamente —las decisiones de precios son más complejas que eso— pero al menos elimina una de las justificaciones para mantenerlos altos.
Lo que viene
La demanda de Nintendo ingresó en los tribunales y ahora sigue su curso. El gobierno tiene un plazo para responder, y después vendrán las audiencias, los descubrimientos de prueba, y eventualmente una resolución.
El hecho de que más de mil empresas estén en la misma posición sugiere que podría buscarse una solución consolidada, o al menos un precedente que aplique a todos los casos similares. Pero también es posible que cada empresa deba pelear su propia batalla.
Lo que está claro es que Nintendo no se va a achicar. La misma compañía que persigue a emuladores en todo el mundo, que defiende su propiedad intelectual con uñas y dientes, ahora está dispuesta a medirse con el gobierno de Estados Unidos en los tribunales. Y aunque el resultado es incierto, una cosa es segura: no será la última vez que veamos a una empresa de videojuegos en los estrados judiciales por esta causa.
Mientras tanto, los jugadores siguen esperando que todo esto no termine afectando aún más sus bolsillos. Porque si algo enseñan las guerras comerciales, es que el consumidor siempre paga. La única diferencia es a quién puede reclamarle después.
Jota