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La ola de demandas cuestiona fallas estructurales de seguridad en Roblox y Discord.
La Sección 230 será el eje legal del conflicto, pero podría ser insuficiente ante promesas incumplidas.
El caso empuja a la industria hacia controles más estrictos para proteger a menores.
Roblox Corporation y Discord se enfrentan a una serie creciente de demandas que podrían redefinir cómo las plataformas digitales responden por los delitos cometidos por sus usuarios. Los casos, impulsados en su mayoría por el estudio jurídico Anapol Weiss, reúnen los testimonios de familias cuyos hijos fueron contactados, manipulados y abusados por depredadores que operaban dentro de Roblox y luego trasladaban la comunicación hacia Discord, donde continuaban el hostigamiento y la explotación.
La magnitud de estas denuncias rompe con la idea de que se trata de incidentes aislados. Según los abogados, las supuestas fallas de seguridad forman parte de un patrón sistémico, alimentado por verificaciones de edad insuficientes, controles parentales vulnerables y una relación ambigua entre libertad creativa y protección infantil.
El escudo legal que define la batalla

Ambas compañías se preparan para defenderse con la herramienta jurídica más poderosa del ecosistema digital: la Sección 230 de la Communications Decency Act, la ley que protege a los servicios de internet de ser considerados responsables por el contenido generado por sus usuarios. Esa norma ha permitido por décadas que plataformas como Facebook, X y Reddit operen sin que cada publicación, mensaje o interacción derive en responsabilidad legal.
Y la jurisprudencia los acompaña. Casos previos como Jane Doe v. America Online y M.A. v. Village Voice han reforzado la idea de que alojar contenido no implica responsabilidad directa por los delitos de terceros.
Pero los demandantes creen que esta vez el terreno es distinto. Afirman que no están demandando a Roblox y Discord por lo que publicaron los depredadores, sino por cómo diseñaron productos inseguros, poco transparentes y vulnerables a la manipulación. Esa diferencia, dicen, no está cubierta por la Sección 230.
Una brecha entre el marketing y la realidad
Roblox ha construido su identidad pública como una plataforma para niños y adolescentes. Sin embargo, reportes constantes al National Center for Missing and Exploited Children y múltiples investigaciones periodísticas dibujan un escenario donde el ecosistema se ha vuelto atractivo para depredadores. Discord, por su parte, es señalado por permitir que menores desactiven controles parentales sin notificación a los adultos responsables.
Los abogados denuncian que las empresas hicieron “promesas generales” sobre seguridad que nunca se tradujeron en mecanismos efectivos. Y aunque exigir control total es imposible, los críticos coinciden en que había barreras mínimas que pudieron implementarse:
• verificación de edad con pruebas documentales,
• procesos de aprobación obligatoria por parte de un adulto,
• alertas automáticas ante cambios en configuraciones sensibles.
Un marco legal que podría frustrar a las familias

Expertos legales como Aaron Mackey, de la Electronic Frontier Foundation, reconocen que la intención de proteger a los menores es legítima, pero el sistema judicial estadounidense es claro: la Sección 230 se activa incluso cuando la demanda se enfoca en la arquitectura del producto, si esa arquitectura está relacionada con el intercambio de contenido entre usuarios.
Eso hace que los casos contra Roblox y Discord enfrenten una cuesta empinada, salvo que los demandantes logren demostrar que hubo promesas específicas hechas a usuarios concretos y luego incumplidas, uno de los pocos escenarios donde la Sección 230 no aplica.
¿Qué viene ahora para las plataformas?
El debate público avanza hacia una conclusión inevitable: incluso si Roblox y Discord ganan legalmente, la presión social y legislativa hará imposible sostener el modelo actual. La exigencia es clara: sistemas de verificación más estrictos, mecanismos de alerta obligatorios y espacios menos porosos para menores.
La industria no tendrá margen para retroceder. La seguridad infantil dejó de ser un “valor agregado” y se convirtió en un imperativo regulatorio.
