Nueve empresas de videojuegos bajo investigación en la UE
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La Unión Europea ha decidido pasar de las palabras a los hechos en su cruzada por los derechos de los consumidores en la industria del videojuego. El pasado 29 de septiembre, la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC Network) anunció el lanzamiento de acciones coordinadas a nivel comunitario contra nueve empresas de videojuegos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legislación europea de protección al consumidor en el ámbito de las monedas virtuales y los contenidos descargables.
Las empresas investigadas y los juegos afectados
Las acciones de la CPC se dirigen contra Crytek GmbH, InnoGames GmbH, King.com Operations (Malta) Limited, Mojang AB, Plarium Europe S.à.r.l., PLR Worldwide Sales Limited, Riot Games Limited, Supercell Oy y Ubisoft EMEA SAS. Los juegos objeto de la investigación son:
- Hunt: Showdown 1896 (Crytek)
- Forge of Empires (InnoGames)
- Candy Crush Saga (King)
- Minecraft (Mojang)
- Mech Arena (Plarium)
- Gardenscapes (PLR Worldwide Sales)
- Valorant (Riot Games)
- Clash of Clans (Supercell)
- For Honor (Ubisoft)
Esta lista abarca desde títulos independientes hasta algunos de los juegos más populares del mundo, lo que refleja la magnitud del problema que la UE pretende abordar. La investigación se centra en cómo estas compañías gestionan las monedas virtuales, un sistema que, según la Comisión Europea, a menudo oculta el precio real de los artículos y presiona a los jugadores —especialmente a los más jóvenes— a gastar más de lo necesario.
Los principios que las empresas deben cumplir
La CPC ha establecido una serie de “Principios Clave” que las empresas deben aplicar para cumplir con la legislación europea. Estos principios buscan garantizar la transparencia y la equidad en el uso de monedas virtuales:
- Precios claros y transparentes: mostrar el precio real en euros de los artículos y monedas virtuales que los consumidores necesitan comprar para jugar.
- No ocultar costes: evitar múltiples monedas o intercambios que hagan que el precio real no sea claro.
- No forzar compras no deseadas: los jugadores no deben sentirse obligados a comprar cantidades excesivas de monedas virtuales para progresar o disfrutar del juego.
- Información clara antes de la compra: los jugadores deben tener acceso a información fácil de entender antes de comprar monedas virtuales o artículos dentro del juego.
- Respetar el derecho de desistimiento: los jugadores deben ser informados de su derecho a retirarse de los contratos en un plazo de 14 días, incluso para monedas virtuales no utilizadas.
- Términos justos y comprensibles: los términos y condiciones de los juegos deben ser claros y equitativos para los jugadores.
- Proteger a los consumidores vulnerables: las empresas deben garantizar que los juegos ofrezcan salvaguardas adecuadas para todos los consumidores, incluidos los usuarios vulnerables como los niños.
Estos principios, que fueron publicados en 2025 como guía, no han sido aplicados de forma satisfactoria por la industria, según la CPC. Tras un diálogo con las empresas que no dio resultados concluyentes, la red procedió a una verificación del mercado que identificó los nueve juegos mencionados como merecedores de una evaluación más profunda.
La investigación paralela contra Activision Blizzard
Además de las acciones contra las nueve compañías, la CPC ha abierto una investigación paralela contra Activision Blizzard UK Limited en relación con los juegos Diablo Immortal y Call of Duty Mobile. En este caso, la red examina aspectos más amplios que el simple uso de monedas virtuales:
- Cómo se venden las monedas virtuales dentro del juego.
- Cómo se recopilan los datos personales de los jugadores.
- Si los juegos tienen diseños adictivos.
- La configuración estándar de los controles parentales.
- El marketing directo a niños.
- La visualización de información precontractual.
- El bloqueo de cuentas de juego.
Esta investigación aborda algunas de las prácticas más controvertidas de la industria de los juegos móviles, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores y la transparencia en la recopilación de datos.
La postura de la Comisión Europea
El comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha sido contundente al respecto: “Aproximadamente la mitad de los europeos juegan a videojuegos, lo que convierte al gaming en una parte importante de nuestra economía digital y de nuestra vida cotidiana. Con ese alcance viene la responsabilidad. La industria debe asegurarse de que sus juegos no expongan a los jugadores —especialmente a los niños— a prácticas dañinas o injustas. El juego debe ser justo, y las reglas deben respetarse. Las autoridades nacionales, con el apoyo de la Comisión, se asegurarán de que se cumplan“.
Las declaraciones de McGrath reflejan la creciente preocupación de las instituciones europeas por las prácticas de monetización agresivas y la falta de transparencia en la industria del videojuego. La UE ya ha tomado medidas similares en el pasado contra otras plataformas digitales, y ahora está poniendo el foco en un sector que mueve miles de millones de euros al año.
El contexto: una industria bajo escrutinio
La industria del videojuego ha estado bajo escrutinio regulatorio en Europa durante años, especialmente en lo que respecta a las loot boxes, las monedas virtuales y las prácticas de monetización agresivas. Países como Bélgica y Países Bajos han prohibido las loot boxes en el pasado, y la Comisión Europea ha financiado estudios sobre el impacto de estas mecánicas en los consumidores.
La Red CPC está compuesta por autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes de protección al consumidor de la UE. Trabajando juntas y coordinadas por la Comisión Europea, actúan contra infracciones que afectan a muchas personas y que involucran a más de un Estado miembro. Las acciones anunciadas el 29 de septiembre representan uno de los esfuerzos coordinados más ambiciosos hasta la fecha en el ámbito de los videojuegos.
Las empresas afectadas ahora deberán responder a las autoridades nacionales correspondientes y demostrar que cumplen con la legislación europea. Si no lo hacen, podrían enfrentarse a sanciones económicas y a la obligación de modificar sus prácticas de monetización. La industria del videojuego, acostumbrada durante años a operar con una regulación laxa, se enfrenta ahora a un panorama cada vez más restrictivo en el Viejo Continente.
Fuente: Comisión Europea (Comunicado de prensa de la Red CPC), 29 de septiembre de 2026.
